El efecto Garzón presente – El juez español Baltazar Garzón estuvo en Uruguay, invitado por la Mesa Permanente Contra la Impunidad y la UNESCO para brindar una conferencia en el Paraninfo de la Universidad de la República, acompañado por el Dr. Roberto Garretón, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Chile. Ambos juristas internacionales llegan en un momento clave a nuestro país en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, está reclamando a Uruguay que cumpla con los acuerdos firmados en la materia, mientras en el país se ahonda la división debido a las decisiones de cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia.
La disertación a sala colmada se realizó sobre el derecho internacional relativo a los derechos humanos y sobre terrorismo de Estado en la estatal Universidad de la República (Udelar).
El juez Garzón, que es actualmente asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y preside el Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) se ha radicado en Argentina, a partir de febrero del pasado año 2012 desde que el Tribunal Supremo de España le aplicó una sanción de 11 años de inhabilitación, por escuchas consideradas ilegales a nivel de la corrupción española durante la investigación del caso Gürtel. El jurista ha dedicado sus últimos años a defender causas relacionadas a los derechos humanos, en los últimos tiempos ha sido el asesor jurídico de Julián Assange por el caso de Wikileaks.
Garzón empezó a ser conocido a nivel internacional en 1998, cuando dio una orden de captura internacional contra el exdictador chileno Augusto Pinochet (1915-2006), por crímenes cometidos contra ciudadanos españoles durante los años de su Gobierno (1973-1990). El jurista español también investigó el Plan Cóndor e inició causas contra represores argentinos, además de investigar acciones de la organización terrorista ETA y crímenes del franquismo (1939-1975).
Garzón en Montevideo. La agenda de Garzón que llegó a Montevideo a las 6 de la mañana fue muy extensa e incluyó un homenaje realizado por la Intendencia de Montevideo en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República, donde fue declarado Ciudadano Ilustre con posterior rueda de prensa. La intendente de Montevideo, Ana Olivera afirmó que es un “agrado reconocer a verdaderos compañeros que tienen como nosotros el sentido de la verdadera justicia” y agregó; “no somos ajenos como sociedad a aquellos que comparten lo mejor de nosotros y es en ese sentido que Garzón es reconocido como Ciudadano Ilustre”.
EFECTO GARZÓN. En su segunda visita a Montevideo -la primera había sido hace muchos años ya para visitar a su amigo cercano, el escritor Eduardo Galeano-, el juez destacó «me gustaría ser un visitante Ilustrado y conocer más de Montevideo y su cultura». Por su parte Garretón afirmó que «todos los latinoamericanos tenemos una deuda con Baltazar Garzón. El día del pedido internacional de captura de Augusto Pinochet que él realizara, se demostró que no había transición buena, y como parte del «Efecto Garzón» ningún criminal viaja desde ese día. Fujimori no lo entendió y perdió». En su alocución El jurista, Baltasar Garzón defendió que la Justicia es posible y que los progresos que se van consiguiendo se consolidan. También consideró que en Uruguay no todos los jueces se sienten seguros y eso hay que reconsiderarlo.
UN MANO A MANO CON GARZÓN.
Entre las cuestiones que han dado nombre al Fenómeno “Efecto Garzón” está el hecho de qué los jueces aprendieron a que se puede hacer justicia; en nuestro país está complejo el contexto y a la juez Mariana Motta, le sucedió aquí algo similar a Ud. en España, ¿qué nos puede decir al respecto?
Baltasar Garzón: Para mi la juez que cumple con su trabajo, que a la hora de investigar y proteger los derechos de las víctimas en Crímenes de Lesa Humanidad, crímenes internacionales, crímenes de persecuciones internacionales y por tanto que obliga a todos en todo caso, es un mecanismo que sin perjuicio de que pueda estar formalmente correcto ataca la independencia judicial. Bajo ningún concepto por interpretar la Ley, puede ser sancionado un juez; en mi caso también ha ocurrido por eso actualmente tengo planteada la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si consentimos que tribunales superiores sancionen o establezcan el apartamiento de jueces que interpretan la norma y no que incumplan su deber de juez, para proteger a las víctimas sean removidos estamos ante un grave quebranto del Estado de Derecho, y esto lo digo respetando tanto a mi país como las decisiones de la Suprema Justicia uruguaya pero no puedo dejar de decir que me preocupa que esa sea la línea de acción.
¿Cómo analiza la situación de la Justicia uruguaya?
– Creo que Uruguay, y así ha sido reconocido por la Organización de Naciones Unidas está en una línea de defensa positiva y proactiva de los derechos humanos. Nunca se puede decir que es suficiente y es verdad que en el área de la justicia hay contradicciones, tampoco es que eso sea malo, siempre que las contradicciones no se resuelvan en perjuicio de las víctimas que constituyen el derecho más necesitado de protección cuando se trata de crímenes masivos por tanto, salvada esa situación que yo espero se resuelva a favor de las víctimas y que la Corte Suprema pueda modificar su propia postura, como exige la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio Derecho Internacional que forma parte del derecho interno de Uruguay; no es algo exógeno sino que forma parte de su derecho integral. Uruguay no se debe de olvidar que desde 1945 que firmó la Declaración de Londres, en la que por primera vez se daba forma a los crímenes contra la humanidad, siempre ha estado en la base de protección de esos derechos, por tanto a estas alturas de la historia tratar de volver atrás una página que ya está consolidada y superada es grave y debe de corregirse.
En líneas generales ¿puede establecer una tendencia de las actualizaciones de los Tribunales Supremos de Justicia ante intereses militares y económicos?
– Yo creo que sobre eso pasó el tiempo, veinte, cuarenta, y hasta setenta años después hablar de alineamientos con los jefes militares, no tiene sentido sobretodo porque la historia reciente lo que ha demostrado es que cuando se ha actuado desde la justicia, no ha ocurrido nada en esos ámbitos militares; no aconteció en Chile, ni en Argentina ni en otros lugares y evidentemente aquellos que son victimarios van a tratar siempre de que, no se indague, de que no se imparta justicia. Los que puedan tener un interés económico como consecuencia de los efectos de esa época también van a procurar que no se haga justicia pero los Tribunales no tienen que estar para proteger la impunidad de los victimarios; están para garantizar su igualdad ante la ley y la protección de garantías pero lo que tienen que hacer es defender los derechos de las víctimas, pero no por capricho sino porque es un derecho humano; el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y creo que eso está hoy día determinado en cualquier Estado de derecho democrático y si todavía hay algunas reticencias es cuestión de tiempo. Si miramos a la vecina, Argentina la posición de la Corte Suprema hasta 2005 fue una y a partir de allí totalmente diferente y en forma proactiva protectora de esa jurisdicción, o sea que yo estoy convencido que la evolución se puede producir.
¿A qué adjudica entonces Ud. la resistencia a los cambios?
– Obedece a muchas causas, propia esclerotización a veces de las estructuras judiciales, demasiado cerradas y corporativas en sus esferas más altas, y no llega a ellas el empuje de las nuevas generaciones judiciales desde abajo hasta que pasa un tiempo; esto se ha visto también en España, donde ha pesar de que han pasado 75 años no está superada la transición, que no tocó para nada a los crímenes franquistas y no hay una auténtica reconciliación porque nunca se abordaron esos crímenes, la prueba es que después de más de siete décadas cuando se empezó a tratar de investigar parecía que había una discusión que la abdicamos en el 36, lo que llama poderosamente la atención. Normalmente son también ámbitos de corte muy conservador, donde cuesta trabajo esa evolución, en la que tiene que haber acontecimientos que hagan que ese cambio se produzca. En el año 1998 fue la detención de Pinochet, y en el 2003 fue la decisión de Néstor Kirchner de acabar desde el ámbito político con la impunidad, en el año 2011 y 2012 en Uruguay la labor de fiscales y cortes se están claramente posicionando en el mismo lugar que el Poder Ejecutivo y creo que con una sociedad, ahora si en una línea que además es la que internacionalmente se defiende con una Corte Interamericana, que desde mi punto de vista está al frente en la defensa de los derechos humanos en el mundo, es la corte más progresista que hay por lo que renunciar a ese lujo en ese ámbito territorial es una terquedad.
¿Hay fronteras internacionales entonces para actuar sobre derechos humanos?
– Siempre hay fronteras desgraciadamente; políticas, económicas e impuestas por quienes tienen el poder político predominante y que cuando la jurisdicción universal se trata de aplicar a países como China o EEUU se despiertan todas las alarmas y se presentan todas las dificultades pero a pesar de eso siempre hay un punto en la justicia, en algún país que demuestra que las enseñanzas acumuladas pueden dar su efecto y abrir procedimientos contra esas autoridades.
En Argentina se está dando una reforma judicial de gran polémica, la llamada “democratización de los jueces”. Ud. se ha manifestado como partidario de la misma.
– Hay que diferenciar lo que es la función judicial es decir el ejercicio de la administración del Poder Judicial, que es totalmente independiente y radica en cada uno de los jueces y magistrado que la aplica y el gobierno de los jueces, que es donde yo postulo y he asesorado esa democratización. Si elegimos democráticamente un presidente, un parlamento, y en algunos países a todo un Ejecutivo, ¿cuál es la razón por la que no se puede elegir democráticamente a los que gobiernan a los jueces? ¿Por ser jueces estamos tocados por la mano del Altísimo? Yo creo que no, eso es el efecto del puro corporativismo que durante centurias se ha ido acumulando en un Poder Judicial, que ha ido pasando de alguna u otra manera de padres a hijos formando verdaderas castas. El poder de ese corporativismo no es el que garantiza que la justicia sea igual para todos y más independiente, esto se consolida solamente cuando se ve en el espejo de una sociedad. Lo tengo escrito y lo vengo defendiendo desde hace muchos años.
¿Qué relación puede haber entre la idea que trae ahora de poder llegar a armar una “Megacausa” como el Plan Cóndor en Argentina, aquí en Uruguay y el proyecto que ya hay presentado en el parlamento por uno de los representantes de las ex presas políticas en esa megadenuncia?
– Yo quiero ser claro, no es un proyecto mío es decir es una lógica desde mi óptica traducida por la experiencia en mis conversaciones con compañeros fiscales y jueces hemos puesto en común y lo que se comprueba cuando un hecho afecta a distintos países, es que, si se genera un espacio donde la cooperación judicial se desarrolla sin barreras burocráticas y se establecen equipos de trabajo conjuntos, y mecanismos que permitan desclasificación o conocimiento de documentos en los que pueda encontrarse fuentes informativas, todo eso va a contribuir a una mejor optimización de recursos, más barato y a su vez más eficaz en orden del descubrimiento de los hechos delictivos, y la protección integral de las víctimas que es el objetivo. Yo creo que es posible en Latinoamérica porque hay estructuras nacionales que lo permiten como el Mercosur, la Unasur y aún otros. Lo que yo siempre he dicho es que en vista de que la jurisdicción es universal aquel país que esté en mejor disposición para investigar y juzgar a los responsables es el que debe ser alimentado por los demás.
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