El gobernador de la región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, aseguró que el conflicto con las comunidades indígenas mapuche que reclaman tierras por derecho ancestral no se solucionará hasta el Estado chileno les devuelva terrenos. «Tenemos que ir a las causas profundas del conflicto para solucionarlo. Dicho de otra manera, mientras el Estado no tome una política de devolución de tierras, esto no se va a solucionar», dijo Huenchumilla en una entrevista con El Mercurio.
«No puede haber cientos de familias viviendo en una hectárea cuando al lado hay caballeros que tienen 2.000. Tienen que entender que deben entregar su fundo, porque esa es una injusticia total y absoluta», agregó. Los mapuches, la mayor etnia de Chile con unas 700.000 personas, reclaman tierras que consideran suyas por derechos ancestrales, arrebatadas primero por la ocupación española y más adelante por el Estado chileno, que las traspasó a privados y empresas forestales, una de las mayores industrias del país.
Cuando asumió su cargo, Huenchumilla sorprendió al pedir perdón en nombre del Estado chileno al pueblo mapuche por el despojo de sus tierras, y a los colonos venidos de lejos por haberlos llevado a «un lugar inadecuado en un momento inoportuno». Desde su asunción, el nuevo intendente se ha reunido con decenas de comunidades indígenas, y con empresarios y terratenientes, así como con víctimas de atentados incendiarios en la zona en el marco del conflicto, a quienes Huenchumilla reconoce el derecho a ser indemnizadas por el Estado, una situación inédita en el país.
El gobierno de Michelle Bachelet, a través de su portavoz Alvaro Elizalde, dio su apoyo al intendente, y aseguró que Chile «debe hacerse cargo de una serie de demandas de los pueblos indígenas, como el reconocimiento constitucional, un nuevo trato y una política de restitución de tierras». Actualmente, el Estado cuenta con cuatro mecanismos para entregar tierras a las comunidades indígenas: la compra directa a los actuales propietarios, los subsidios, la regularización y el traspaso de tierras fiscales.
En los últimos 20 años el gobierno ha gastado 270 millones de dólares en la compra de tierras. El conflicto ha dejado hechos de violencia y varias víctimas de los dos lados: el año pasado un matrimonio de ancianos colonos de origen suizo murió calcinado tras el ataque incendiario a la vivienda en la que vivía, y un mapuche fue condenado por el ataque.
Cientos de indígenas han sido encarcelados y juzgados en la última década acusados de incendios y ocupaciones de predios y una decena ha muerto en operativos policiales, según organizaciones de derechos humanos, que hablan de discriminación y un uso excesivo de la fuerza. El gobierno de Bachelet se ha comprometido a no aplicar la Ley antiterrorista contra mapuches en casos de protesta social.
De Adinet.com
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