El Presidente José Mujica manifestó al Consejo de Ministros su preocupación por la “aparente falta de transparencia” en la formación de precios de la industria cárnica y encomendó al titular de la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, trabajar desde este martes mismo sobre eventuales medidas a tomar al respecto. En la reunión también se analizaron asuntos de las relaciones internacionales. El tema central del Consejo de Ministros, reunido este lunes en la Torre Ejecutiva, fue la preocupación del Gobierno, en especial del Presidente Mujica, por la “aparente falta de transparencia” en la fijación de precios en la cadena de industrialización de la carne para su venta en el país.
Al término de la reunión de tres horas, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, informó que se encomendó al ministro Aguerre trabajar desde este martes en posibles medidas a tomar a fin de mejorar la actual situación, que tiene impactos en toda la cadena y en especial en el mecanismo de formación de precios del sector productivo.
Cánepa, único vocero del Consejo de Ministros, indicó que Aguerre hizo una presentación en la reunión sobre la situación de la industria cárnica y ganadera en general, para ubicar el contexto del problema.
“Constatamos una aparente falta de transparencia en la formación de precios, que tiene que ser estudiada para ver si es así o no, porque esto impacta en lo que está sucediendo hoy que hay un altísimo stock ganadero, un bajo nivel de faena, precios muy bajos para el productor y márgenes de ganancia aparentemente muy altos por parte de la industria”, advirtió.
Reunión en Bolivia y gira de Almagro – Durante el Consejo de Ministros también se realizó un resumen de la participación de Mujica en la cumbre del Grupo de los 77 más China (G77+China), realizada el sábado y el domingo en la oriental ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.
También el canciller Luis Almagro informó sobre su reciente gira por Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña para tratar temas bilaterales pendientes con ambos países y participar en encuentros de organismos multilaterales.
“Tenemos una enorme cantidad de temas con estos dos países, con los que hay un diálogo fluido”, explicó Cánepa, para luego hacer referencia a la suma de apoyos recibidos por Uruguay para su candidatura para acceder como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el periodo 2016-2017.
Una candidatura que comenzó a gestarse antes de que asumiera el primer gobierno del Frente Amplio, en 2005, y que ha sido tomada como política de Estado por Uruguay, precisó.
La elección para renovar los 10 miembros temporarios del Consejo de Seguridad, que permanecen dos años en el cargo, se realizará en la reunión anual de la Asamblea General del foro mundial en 2015. Ese cuerpo, que en los hechos es el más importante del organismo, se completa con los cincos integrantes permanentes con poder de veto, que son China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia.
El Consejo de Ministros también tuvo un intercambio de opiniones respecto de la queja trasmitida por el canciller de Argentina, Héctor Timerman, y la respuesta de Almagro en nombre del Gobierno de Mujica en relación a la decisión soberana de Uruguay de autorizar un incremento de producción a la fábrica de celulosa de la empresa UPM.
En este aspecto y ante varias preguntas de la prensa, Cánepa fue enfático en reafirmar que el tema será tratado directamente por la cancillería y que la posición de Uruguay quedó “meridianamente clara” en la carta de respuesta enviada el sábado por Almagro.
En otro orden, Cánepa informó que los ministros Daniel Olesker, de Desarrollo Social, y José Bayardi, de Trabajo y Seguridad Social, se refirieron a la necesidad de reglamentar algunos aspectos de la Ley de Empleo Juvenil, para lo cual se formó un grupo de trabajo entre ambos ministerios y la Presidencia de la República.
Finalizando el resumen de algunos de los temas de trabajo en la agenda de este lunes, el prosecretario de la Presidencia se refirió a la presentación de nueva reglamentación por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a fin de adicionar algunos instrumentos a la ley de Vivienda Social, considerada por el Gobierno sumamente exitosa.
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