Un testigo clave en la masacre de Ampatuan en Filipinas fue asesinado, en lo que parece un intento de eliminar a cualquier que pudiera testificar en un tribunal contra los acusados de tomar parte en el ataque que más vidas de periodistas ha cobrado en todo el mundo, informan el Center for Media Freedom and Responsibility (Centro por la Libertad y Responsabilidad de los Medios, CMFR), el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP). El testigo, Esmail Amil Enog, testificó el año pasado que había llevado a pistoleros al sitio de la masacre, en la cual al menos 57 personas murieron, 31 de las cuales eran periodistas, informan los miembros.
Nena Santos, una fiscal en el caso, dijo que Enog fue encontrado dos meses después de su desaparición y parece haber sido mutilado y desmembrado antes de ser asesinado, informa «The New York Times». Según la Associated Press, había rechazado el programa de protección a testigos del Gobierno porque no quería estar separado de su familia.
El 23 de noviembre de 2009, las 57 personas fueron muertas cuando su convoy fue emboscado mientras se dirigía a registrar a un candidato de oposición para gobernador en la provincia sureña de Maguindanao.
Enog era un conductor para la familia Ampatuan, que ha controlado Maguindanao desde 2001 con su propio ejército privado. En julio pasado, testificó que había llevado a 36 milicianos de Ampatuan desde una de las casas de un miembro del clan hasta el sitio en que se disparó contra las víctimas. «Podía identificar quién le ordenó llevar a los pistoleros a la escena», dijo el CMFR. «Esta es una grave pérdida para el caso de la fiscalía».
Según informes noticiosos, Enog fue el tercer testigo muerto desde que inició el juicio en 2010. Más de 20 testigos han rendido testimonio contra 103 sospechosos que se han declarado inocentes de los cargos de asesinato. Casi 100 más siguen prófugos. Todavía no se ha anunciado un fallo judicial sobre la masacre.
Los testigos y sus familias siguen enfrentándose a amenazas de muerte y a algunos se les han ofrecido sobornos por no testificar, informan los miembros. Un hermano de otro testigo también fue asesinado, dijo Santos a los reporteros de noticias.
Mientras tanto, el CPJ registró otros cuatro periodistas que fueron muertos por su trabajo desde la masacre de Ampatuán, y otros siete en los cuales no han podido determinar un motivo claramente. «En virtualmente todos estos casos ha habido poco más que una investigación sumaria y no concluyente y pocos casos han ido más allá de los arrestos a corto plazo de sospechosos de bajo nivel», dijo el CPJ.
En el ámbito nacional, el presidente Ninoy Aquino prometió, tanto antes como después de ser elegido, lograr la justicia en el caso de Ampatuan. «Ya muy adelantado en su periodo de seis años, no parece que pueda cumplir estas promesas», dice el CPJ.
En la escena internacional, el expediente de derechos humanos de Filipinas está siendo examinado actualmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Según ARTICLE 19, la violencia contra periodistas y activistas «ha aumentado drásticamente» desde la primera revisión en 2008. ARTICLE 19, junto con el CMFR, la Southeast Asian Press Alliance (Alianza de Prensa del Sureste Asiático) y otros grupos de derechos, pidió a los estados miembro plantear a Filipinas inquietudes respecto a la violencia contra personas que ejercen su derecho a la libertad de palabra y a condenar la cultura de la impunidad.
Al menos 22 países expresaron preocupación sobre la constante racha de asesinatos extrajudiciales e impunidad, según la EPU de Filipinas. Varios países también pidieron al Gobierno de Filipinas que desmantelara todos los grupos paramilitares y milicias como la de la familia Ampatuan, otra recomendación de los grupos.
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