“Nos encaminamos hacia un proceso acusatorio oral y público que otorgue mayor protagonismo a las víctimas y brinde mejores garantías a los presuntos victimarios. Se espera que sea más eficiente”, manifestó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al participar en el diálogo entre policías y fiscales relativo al funcionamiento de un nuevo Código Procesal Penal. Como parte de las actividades del proyecto “Consolidación de la reforma penitenciaria”, que modificará los procesos penales, este miércoles se realizó una jornada de formación e intercambio entre la Fiscalía y la Policía en un hotel capitalino. El objetivo fue generar un debate sobre cómo investigar, obtener pruebas y orientar el avance de los procesos.
En la oportunidad, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, subrayó que en 2014 se avizora “un cambio esperado en la reforma del Código del Proceso Penal, que incidirá sobre las fiscalías y la Policía en el trabajo de investigación». “La necesidad de la reforma de los códigos ha sido reiterada por organismos internacionales en materia de protección de los derechos humanos de personas privadas de libertad y nos consta que el proceso penal actual, de naturaleza inquisitiva, no cumple con los requisitos mínimos establecidos por los tratados internacionales”, afirmó el ministro.
En ese sentido, resaltó el valor de la cooperación internacional en el proceso de reforma penitenciaria a través de la ejecución de proyectos durante los últimos cuatro años.
“Nos encaminamos hacia un proceso acusatorio oral y público que otorga mayor protagonismo a las víctimas y brinda mejores garantías a los presuntos victimarios. Se espera que sea más eficiente”, expresó. Bonomi explicó que el proyecto de reforma establece que el Ministerio Público y Fiscal investigará los hechos con apariencia delictiva que lleguen a su conocimiento con el auxilio de la fuerza pública.
“Se ha reconocido que esta fase de indagatoria preliminar constituye una de las principales transformaciones en el nuevo proceso”, sostuvo el jerarca. En ese marco, reafirmó que el fiscal deberá dirigir la investigación de los delitos y faltas así como la actuación de la Policía y que la Fiscalía podrá dictar instrucciones generales a la autoridad administrativa sobre la investigación de los delitos.
“Esto deriva en instancias de rediseño de protocolo, ajustes en la formación curricular y una revisión interna administrativa y técnica. Es un cambio en la cultura de la investigación policial que acompañamos con beneplácito y esperanza de impacto y en mejora de la convivencia social”, enfatizó el ministro del Interior.
También precisó que al momento de practicar detenciones en caso de flagrancia la Policía prestará asistencia a las víctimas y resguardará el lugar del hecho.
“Herida en la democracia uruguaya” – En tanto el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz, resaltó que no tener una reforma del proceso penal “sigue constituyendo una herida abierta en la democracia uruguaya, porque no se puede hablar de democracia si no hablamos de estado de derecho y del respeto a los deberes, derechos y garantías de los ciudadanos”. “Nuestro proceso penal no respeta los deberes y derechos ni de la víctima ni del victimario, además ha fracasado, porque no ampara ni protege a la víctima y al victimario. Hoy en día tenemos el 64% de 9.813 personas que están privadas de libertad y no tienen sentencia”.
“Mientras las persecuciones penales se den delito a delito, caso a caso, y no se permita realizar investigaciones a largo plazo o investigar los ilícitos atrás de cada hecho delictivo, seguramente nuestra persecución penal sea deficiente”, aseveró Díaz.
Finalmente defendió el acceso judicial al Sistema de Gestión de Seguridad Pública, “pues permite acceder al contenido policial y la información que la nutre”, y expresó su deseo de que la reforma del sistema penal se cumpla en la actual legislatura de Gobierno.
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