En los últimos años, se han producido algunos avances en materia carcelaria, en un proceso que comenzó en el primer período de gobierno del Frente Amplio y se amplió a partir del 2010. Entre las transformaciones está la creación de un sistema nacional de cárceles, que se encuentra actualmente en proceso de transición y que incorpora centros de reclusión departamentales a la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) con la proyección de que en el 2015 se encuentre plenamente establecido.
En tal proceso también se encuentra la incorporación de los llamados operadores penitenciarios, en lo que constituye un nuevo modelo de gestión, incluyendo profesionales técnicos que trasformen la gestión policial en civil, incluso para las direcciones de los establecimientos penitenciarios. Aún así, según los últimos informes del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) persisten los altos niveles de hacinamiento y el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Álvaro Garcé denunció recientemente casos de maltrato a reclusos en el Penal de Libertad; advirtiendo que algunas situaciones aún resultan difíciles de controlar. En diálogo con el Insp. Retirado Luis Mendoza, Director del INR, ex Director de Cárceles, las autoridades asumen que en la nueva modalidad hay una apuesta fuerte por “pensar y dialogar”.
El Inspector Luis Mendoza asumió en el cargo el 1 de mayo de 2012 en un momento complicado, a pocos días de un renombrado motín en el Penal de Libertad que continuó luego en el Comcar y tuvo como consecuencia directa la muerte posterior del policía Óseas Pintos de 26 años de edad y el ahorcamiento en su celda de uno de los agitadores de la revuelta. A poco más de un año, un nuevo motín en el módulo 1 del Complejo Penitenciario Santiago Vázquez (Comcar) derivó en la muerte de 2 reclusos, y 9 heridos entre ellos un policía, que derivó en una profunda investigación por parte del Ministerio del Interior, que comprobó el uso de munición letal (balas de plomo) por parte de los efectivos de la fuerza de choque que reprimió el motín y generó un informe por parte del Comisionado Parlamentario Carcelario, Álvaro Garcé que denuncia que hubo ejecuciones extra judiciales causadas por un grupo de efectivos que actuó por fuera de la cadena de mando, que pudo terminar en masacre y recomendó la creación de una figura penal específica para la ejecución extra judicial, considerándola un crimen de lesa humanidad.
A pocos días una nueva revuelta, ahora en el interior, en el Centro de Rehabilitación de Paysandú, ya fuera de la órbita de la Jefatura Departamental de Policía y dentro de la instrumentación del Instituto Nacional de Rehabilitación desestabilizó nuevamente el sistema, cuando un grupo de reclusos mal interpretó un corte de energía eléctrica de UTE y generó violentos destrozos en el establecimiento. Aún así y bajo fuertes protestas al sistema desde la ciudadanía, la opinión pública, y la oposición política, Mendoza en cada caso concurre rápidamente para instaurar el diálogo y continúa apostando a una transformación que trabaje en sinergia con efectivos policiales, policías comunitarios y civiles del área técnica.
“Antes se trabajaba con músculo, hoy con cabeza y liderazgo. Necesitamos gente que sepa discernir. Hoy se tiene que hacer con maña la cosa. Con fuerza se genera más violencia, pensar en las consecuencias. Pensar hasta diez y no precipitarse, proceder en el momento justo y aplicar todas las estrategias de diálogo y entendimiento” destaca Mendoza de forma algo tosca pero firme y clara. De lo contrario, insiste “no hay ningún tratamiento de rehabilitación que pueda subsistir”.
Antes de asumir en el cargo, Mendoza realizó varios cursos de actualización en derechos humanos en el exterior principalmente en Suecia, ya que la política implementada por el gobierno tiene como principio el respeto a la normativa internacional en derechos, y debe estar en sintonía con los compromisos asumidos para el tratamiento de las personas privadas de libertad, lo que ha valido el reconocimiento expreso de las Naciones Unidas al proceso de reforma penitenciaria promovido en nuestro país. Además, visita constantemente los centros de reclusión y a los presos en su celda, lo que en el motín de octubre en el Comcar le costó una lesión en la mano pero asegura que no hace uso de seguridad personal; “ando solo por todos lados. No puedo tener miedo a amenazas si soy director de cárceles” asegura.
Implementación del INR – Según evaluaciones de la propia dependencia del Ministerio del Interior ha sido fundamental la construcción de nuevos establecimientos carcelarios que han permitido ampliar las plazas, mejorando las situaciones de hacinamiento y fundamentalmente las condiciones en que se desarrolla la privación de libertad. En alguno de los casos, desde los materiales hasta la propia construcción, se hace con el aporte del trabajo de los reclusos, lo que constituye un avance ya que generalmente cuando hay participación de las propias personas, estas cuidan y mantienen mejor los locales, pero en el contexto de los últimos meses, manchado por las variadas revuelta cuesta visualizar los cambios.
De acuerdo a cifras oficiales actualmente hay en nuestro país 9.728 reclusos, de los que aún 1.270 están fuera de la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación. El sistema carcelario cuenta con 8.200 efectivos policiales y cientos de operadores penitenciarios civiles. En los últimos dos años, que es el tiempo que tiene de creado el organismo, nueve cárceles departamentales pasaron bajo su custodia como parte del plan de centralizar la administración de los centros penitenciarios de todo el país, fuera de las Jefaturas Departamentales. “Hay que ser de alcance nacional. En tal sentido estamos esperando la finalización de las obras en los establecimientos de Río Negro, Salto y Rocha, dependemos de ellas para incluirlos este año. En el caso de Tacuarembó, quedará para el 2015” confirma Mendoza.
El nuevo sistema planteado desde el Ministerio del Interior prevé que las cárceles tienen que tener progresividad a partir de que los presos estén discriminados de acuerdo a la causa, a la voluntad de trabajo, de estudio, la conducta, y luego debe haber movilidad, es decir, si la conducta mejora, tiene que mejorar su situación, lo que según afirman expertos en el estudio del sistema es fundamental para llegar a lograr la efectiva reinserción social luego que las personas logran la libertad y abatir los niveles de reincidencia. En tal sentido “ha aumentado la cantidad de reclusos que estudian y trabajan. Hay más aulas de clases en los centros, por ejemplo estudiando inglés” sostiene el jerarca.
Una mirada sobre Mario Vitette – Por otra parte, Mendoza lamentó la trascendencia que se le dio al maragato Mario Vitette, quien volvió a nuestro país luego de estar varios años encarcelado en Argentina por el robo de un banco, y un homicidio anterior y consideró negativa su aparición en los medios y redes sociales a modo de “personaje” ya que puede ser visto como un líder para muchos jóvenes que delinquen. En referencia a este tema sobre la posibilidad de expulsar presos extranjeros, que según destacó en su mayoría están recluidos por tráfico de drogas y tienen buena conducta aseguró que es una decisión que debe ser estudiada con profundidad, sin entrar en detalles sobre la opinión emitida sobre el tema por el Ministro Eduardo Bonomi.
Mujeres Reclusas, Corrupción Policial y el Narcotráfico en Cárceles: temas sensibles – Una mirada especial es la condición de las mujeres privadas de libertad, que constituyen alrededor del 7% de la población carcelaria, ya que su situación tradicionalmente es peor que la de los hombres, porque las cárceles han sido pensadas para la delincuencia masculina. Es importante además que las madres con sus hijos estén en un lugar especial, separadas del resto, por lo que el establecimiento El Molino constituye un avance en cuanto al tratamiento específico que deben tener.
Mendoza reconoce que hay que avanzar en este aspecto, ya que en el caso de madres que han sido procesadas por delitos cometidos por sus hijos menores, o por ejemplo las mujeres que participaron del controvertido caso de agresión a la activista Tania Ramírez se destinó la Cárcel Central, pero para esa dependencia hay otro fin a la brevedad; que sea el lugar de ingreso, diagnóstico y clasificación por lo que hay que encontrar otras opciones.
A pesar de que quedan aún muchas cosas por hacer, Mendoza asegura se han realizado valiosas mejoras en el sistema penitenciario, tanto en el combate a la corrupción, en el sistema de libertad asistida, en la construcción de nuevas cárceles, en el ingreso de personal civil al Ministerio del Interior como en los programas de tratamiento y de recuperación desarrollados en el país.
“La influencia del narcotráfico hacia afuera de las cárceles, es el gran problema que hay que erradicar, por eso se ha invertido en tecnología con la implementación de escáneres humanos en el Complejo Santiago Vázquez y el Penal de Libertad. El liderazgo de los narcos no puedo decir que se eliminó pero si que con ésta y otras medidas, disminuyó” afirma el Director del INR. “¿El tema cuál es?” reflexiona “algunos internos necesita que se les quite trascendencia. Muchas veces el problema no es dentro de las cárceles, sino en la influencia que tienen en nuestra vida diaria como sociedad. Afuera tenemos que colaborar para que en la cárcel no puedan mandar” agregó.
En otro orden, sostiene que no hay una corrupción policial institucionalizada, aunque si varias investigaciones en curso en la justicia y sumarios por este tema. “Es una actividad donde hay mucho riesgo, hay mucha oportunidad para corromperse en esta profesión y hay un grupo que muchas veces acarrean prácticas de las viejas épocas” expresa. Al respecto, Mendoza informó que los policías que ingresaron al Ministerio del Interior a partir del 2010 ya no brindan servicios en las cárceles, ya que son sustituidos en forma progresiva por operadores penitenciarios civiles. Habrá que esperar…”tener seguridad y darle más tiempo” confía el jerarca.
Bettina Silva Carneiro (bettinasilva13@hotmail.com)
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