Campesinos del fértil valle del Aguán, a 600 km al noreste de Tegucigalpa, denunciaron este sábado que un desarme «unilateral» en la zona, impulsado por el gobierno hondureño, ha aumentado la inseguridad para ellos por las amenazas de los guardias de terratenientes. Campesinos del fértil valle del Aguán, al noreste de Tegucigalpa, denunciaron este sábado que un desarme «unilateral» en el departamento de Colón, impulsado por el gobierno hondureño, ha aumentado la inseguridad para ellos por las amenazas de los guardias de terratenientes. «Se han agravado las amenazas, con ese decreto del desarme unilateral nos viene a dejar más indefensos porque protege a los guardias de los terratenientes que nos están matando», dijo a la AFP Vitalino Alvarez, portavoz del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), donde se cultiva la palma africana.
La noche del miércoles, el Congreso anunció que, a petición del presidente Porfirio Lobo, se aprobará un decreto mediante el cual «se prohíbe en el departamento de Colón (al que pertenece el valle del Aguán) la portación en lugares públicos o el transporte en vehículos de cualquier arma de fuego, aunque esté registrada». Pero la medida exonera a las «empresas mercantiles que para el funcionamiento de su actividad requieran el servicio de seguridad privada, la cual debe limitarse únicamente a los predios» donde opera o «a la parte exterior de los mismos».
«El viernes, los guardias estaban esperando en una emboscada al compañero (dirigente del MUCA) Yoni Rivas, que se venía bajando de un bus. Pero le avisaron (unas personas) a tiempo, si no lo matan», relató Alvarez, quien añadió: a raíz del anuncio del Congreso «prácticamente andamos huyendo porque ese decreto es unilateral», en favor de los terratenientes.
Pese a que el decreto no ha entrado en vigencia, pues para ello debe antes ser publicado en La Gaceta, los policías aumentaron los patrullajes en la zona del Aguán, «pero solo en contra de nosotros los campesinos, no contra los guardias», denunció Alvarez.
El jefe policial de la zona, subcomisionado José Mejía, aseguró a la AFP que los campesinos «son unos subversivos» y que están pertrechados con «armas prohibidas», lo que es rechazado por ellos.
Hace tres años comenzaron en el Aguán, fértil región cercana al Caribe, los enfrentamientos armados entre campesinos y los guardias privados de los latifundistas Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales, quienes disponen de unas 20.000 hectáreas en las que se dedican al cultivo de palma africana.
Los enfrentamientos han dejado desde entonces 63 campesinos y 15 guardias y empleados de los latifundistas muertos, según recuentos ofrecidos por ambas partes.
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