A través de un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo pretende corregir la inequidad de género en el acceso, tenencia, uso y control de la tierra de varones y mujeres, al proponer la titularidad compartida para los nuevos arrendamientos de tierras a las familias rurales.
Según la exposición de motivos del proyecto, el Instituto Nacional de Colonización (INC) impulsa la distribución equitativa de la tierra y desempeña un rol fundamental en el desarrollo rural de nuestro país, donde la tierra cumple una función social, con importancia estratégica en la seguridad y la soberanía alimentaria.
El proyecto de ley se enmarca en las políticas públicas que integran la perspectiva de género y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres, así como en los compromisos asumidos por el país en el Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Uruguay en 1981.
El Instituto Nacional de Colonización inició un proceso de incorporación de la perspectiva de género, con incidencia en la política pública de acceso a la tierra y en la protección de los derechos de las mujeres rurales.
En el proyecto, se especifica que esta política pretende responder a una de las principales reivindicaciones históricas de los ámbitos de participación vinculados a la producción familiar y de las organizaciones sociales que representan a las mujeres del medio rural.
Se valora allí que legislar en este sentido resulta un avance en la política de acceso a la tierra y permite corregir la inequidad de género en el acceso, la tenencia, el uso y el control de la tierra.
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