¿Cuánto gastan las Fuerzas Armadas en Uruguay? Mucho, podría una decir, si se compara el porcentaje del producto bruto interno que Uruguay gasta en defensa con el que gasta Nueva Zelanda, por ejemplo, o Australia, o Brasil o Argentina. Mucho, o muchísimo, se podría afirmar, comparado con lo que se gasta en relaciones exteriores, transporte, ganadería, industria o vivienda. En la ejecución del presupuesto de 2012, Defensa figuraba como el segundo ministerio más rico del Estado (con 4,2% del presupuesto total del Estado): el primero es el Ministerio del Interior (5,1%) – lo que arroja el resultado de dudosa defensa política de que las dos carteras vinculadas a las armas y a la seguridad son las más ricas del Estado –. Detrás, muy atrás, queda el Ministerio de Transporte (2,2%), el de Vivienda (1,8%), o la cancillería (0,7%). Sumados, los ministerios de Industria, Desarrollo Social, Salud Pública, Ganadería, no llegan al presupuesto que se lleva Defensa.
Si miramos el resto del presupuesto público descubrimos – por suerte – que se gasta más en educación (la ANEP gasta el 12,6% del presupuesto) y en salud (ASSE gasta el 7,2%). Claro está que ASSE atiende a 1,2 millones de personas, y la ANEP le da educación a casi un millón de niños y jóvenes. Pero si comparamos el presupuesto de Defensa con el resto de los poderes del Estado, constataremos que el primero triplica o cuadruplica el del Poder Judicial (1,4% del presupuesto) y el del Parlamento (1,1%).
Este gasto no toma en cuenta el déficit de la Caja de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (que incrementa en un 53% más el gasto en Defensa). Este déficit – financiado por toda la sociedad uruguaya – se explica por el peculiar sistema de privilegio que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas. Mientras la mayoría de nosotros nos jubilamos con el 50% del promedio salarial que obtuvimos en los mejores diez años de nuestras vidas (y los más viejos, con topes jubilatorios que no superan los 35 mil pesos), los miembros de las Fuerzas Armadas se jubilan con el 100% de su sueldo, a lo que se agrega, cuando han sido docentes, beneficios adicionales. A modo de ejemplo, un capitán de navío retirado gana $80.109 de jubilación. Esto se conforma por $67.338 de haber – retiro –que es el 100% de su salario–, más $12.771 de asignaciones docentes conforme a lo establecido en la ley orgánica militar de 1974, que aún espera para ser reformada.
Claro que todo este privilegio se explica en la propia página web del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (www.srpffaa.gub.uy) que dice, textualmente, que “el militar tiene otros deberes y otros derechos; obedece a otras leyes, tiene otros jueces; viste de otra manera, hasta habla y camina en otra forma. Él está armado, tiene el privilegio de estar armado, en medio de los ciudadanos desarmados”. ¿Otras leyes? ¿Otros jueces? ¿Es por eso que aquello que la justicia militar absuelve la justicia civil condena? No: el militar está sujeto a las mismas leyes, y tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier civil. Lo que está escrito en la página web reseñada no sólo está viejo y es anacrónico, sino que es peligrosamente “corporativo”.
Razones de peso(s) – El gasto en Defensa es el resultado del ejercicio del “gobierno de facto” de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En 1960 había unos 13 mil funcionarios, y hoy hay 27 mil, sin que la población o el número de empleados públicos hayan cambiado sustancialmente.
En 1971 las Fuerzas Armadas ya consumían el 10% ciento del presupuesto, y en 1974 llegaban al 18%. Esto es: dueños del poder, los militares se habían elevado su propio presupuesto a topes inverosímiles. A la salida de la dictadura, su participación en el presupuesto era del 14,3%. Los sucesivos gobiernos fueron reduciéndolo: en 1996 (9,4%), en 2001 (7,2), en 2006 (5,7) , y hoy (4,2).
El número de funcionarios que revistan en las Fuerzas Armadas es del orden de los 27 mil, pero recordemos que son 42 mil todos los docentes del país, en Primaria, Secundaria y UTU. A modo de ejemplo: el número de empleados sólo en el Ejército es igual a la totalidad de los maestros de Primaria de todo el país. La segunda razón de “peso” ya no tiene que ver con la dictadura, sino con el uso de las Fuerzas Armadas como mecanismo de “amortiguación” del desempleo, especialmente en el interior del país y en el medio rural.
Hoy, sin embargo, existe demanda de empleo suficiente como para que el atractivo de entrar en las armas no lo sea tanto. De hecho, hay menos incentivos para estudiar en cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas, y las vacantes se producen como consecuencia de la pésima imagen que tienen entre la población, como resultado de la defensa de los derechos humanos y la creciente conciencia que se va tomando sobre su rol en la dictadura.
El presupuesto y los salarios – El programa del Frente Amplio (FA) de 2008 contempla varios acuerdos con relación al tema de las Fuerzas Armadas: la revisión del tema “jurisdicción militar” para separar delitos de naturaleza militar de delitos civiles, desterrar la doctrina de la seguridad nacional, desmilitarizar los institutos civiles que se encuentran en la órbita del Ministerio de Defensa (MDN), y redimensionar las fuerzas para “determinar claramente sus funciones, profesionalizarlas y dotarlas de los medios necesarios”. Si en verdad no se habla de “reducir” a las Fuerzas Armadas, la deducción es inevitable. Si las funciones civiles mencionadas en el programa del FA (meteorología, aviación civil, marina mercante, administración de parques nacionales e infraestructura aeronáutica) pasan a la órbita civil, la reducción va de suyo. Pero los avances que fueron dados están seguidos de retrocesos inexplicables. Uno fue tomar la determinación de que las vacantes que se produjeran en el MDN no fueran llenadas. Sin embargo, se permitió que el ahorro producido por éstas se usara en el propio ministerio para mejorar salarios (privilegio que ningún otro ministerio conserva). O sea: un paso adelante y uno atrás. Si se generan vacantes pero con el dinero “que sobra” se aumentan los sueldos, el peso presupuestal del MDN seguirá siendo el mismo, y habremos abortado la sana política que se instaló desde 1985 hasta ahora de reducir ese gasto. Asimismo, si se mejoran salarios y compensaciones habrá un atractivo especial para entrar a las Fuerzas Armadas (que es lo que se busca), y por consiguiente, lejos de contribuir a su disminución, colaboraremos a su fortalecimiento (que era lo que queríamos evitar). Las señales, como se ve, son contradictorias.
La justificación fue que con el ahorro producido por las vacantes se aumentarían los salarios más bajos. Pero en realidad fue con las vacantes del primer año (854 en 2010) con lo que se incrementaron los salarios de los escalafones inferiores (un soldado ganaba $6.542 al inicio del ejercicio y hoy gana $13.557). A modo de comparación, recordemos que el salario nominal de un maestro grado 1 (con partidas de alimentación incluidas) se ubicaba en los $15.670 en febrero de 2012.
Sin embargo, con las vacantes del año siguiente (1.415 en 2011) se incrementaron los sueldos de los oficiales superiores. En los escalafones del personal superior y subalterno, el aumento fue del 22% por encima del que se le concedió al resto de los empleados públicos (8,6%). En enero el incremento adicional que recibirán los comandantes en jefe será de $13.947, el de los generales será de $12.049 y el de los coroneles de $9.700.
Si se comparan estos sueldos con los de los maestros y profesores de enseñanza media, encontramos que mientras el salario mínimo militar aumentó 100% y los salarios más elevados del Ministerio de Defensa Nacional crecieron en más de un tercio (30,6%) entre 2011 y 2012, los docentes de Primaria y Secundaria necesitaron 7 años para percibir un crecimiento real de sus remuneraciones que, en el mejor de los casos, no alcanza el 50%. En el período 2004-2011 los profesores (según su respectivo grado docente) recibieron un aumento de entre el 37 y el 42%. En tanto, en el mismo período, los maestros (también dependiendo de su grado) tuvieron un incremento salarial de entre el 45 y el 49%. En síntesis: los maestros y profesores necesitaron más de siete años para incrementar lo que los militares incrementaron en apenas dos.
Defecciones inexplicables – Con lo retenido por las más de 2 mil vacantes generadas durante 2010-11 el MDN ahorró $213 millones. Pero no se conformó con el “privilegio” que le fue otorgado: usar su ahorro para mejorarse los sueldos. Pidió, además, un incremento de $178 millones más (pidió mucho más, pero la cordura de algunos representantes en el Ejecutivo consiguió reducirlo a esa cifra). La justificación de ese incremento era financiar el control perimetral de las cárceles. Pero esta plata, que ya fue aprobada – aunque como se ve, con difícil ejecución, habida cuenta de la “renuencia” de los militares a asumir la función – no explica todo el incremento. ¿Adónde va el aumento restante? Tiene destinos diversos y curiosos: para recompensar al personal que desempeña funciones en la policía aérea nacional debido al “incremento de la actividad aérea en el país” (en un contexto en el cual la actividad aérea ha disminuido drásticamente como resultado del quiebre de Pluna); para compensar al personal que se desempeña en el grupo K-9 San Miguel Arcángel de Perros de Trabajo Militar (dedicado a la detección de explosivos); para el personal de la Compañía Especial Antiterrorista del Comando General del Ejército (artículo 59); para aumentar la compensación que recibe el personal superior y subalterno embarcado (artículo 60); y para el incremento y salarización de las partidas que reciben quienes están en misiones en el exterior (artículo 67).
Especialmente significativos son algunos de estos gastos; por ejemplo, las compensaciones para el personal que trabaja con perros… en detección de explosivos ($1.772.858 anuales). O la asignación de una partida anual de $6.684.857 para una compensación especial que recibirá el personal de la Compañía Especial Antiterrorista del Batallón de Infantería de Paracaidistas Nº14, comando creado en 1978 –imaginemos detrás de la caza de qué terroristas – y que, inexplicablemente, sobrevivió en democracia, aunque ahora parece dedicarse al “rescate de rehenes” en un país donde no se producen circunstancias de este tipo, y violando flagrantemente el programa del Frente Amplio de 2008 que dice que “la seguridad interna y funciones policiales deben centralizarse en el Ministerio del Interior, así como la represión y prevención de delitos como el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando”.
También hay un incremento para aumentar y salarizar las compensaciones que reciben quienes se encuentran en misiones de paz en el exterior. Un militar del escalafón más bajo percibe $ 8.000 nominales en su tarea. Si integra una misión de paz en Haití, le pagan un sobresueldo de unos U$S 800, y un viático del 50%. Un cabo gana U$S 1.000, un sargento 1.100, un oficial 1.700, un coronel 3.200, y un jefe de base U$S 4.000. A esto se le suma un 50% de su sueldo, que pagamos todos. El artículo pide, además, que a este 50% se le computen todos los aumentos salariales que reciba el inciso. El costo de este artículo es de 20 millones de pesos. Para muestra, basta mencionar que con 20 millones de pesos podemos devolver a nuestro país 20 científicos por año que desean revincularse a la docencia y a la investigación en Uruguay. Cifra contra cifra.
De más está decir que la solicitud que algunos miembros de la bancada le hicimos al Ministerio de Defensa para ajustar sus gastos, puesto que se necesitaban rubros para la educación, la salud o el Poder Judicial, no obtuvo tratamiento positivo por parte de la cartera. De más está decir que todos y cada uno de los incrementos votados quedan incorporado al presupuesto nacional, por lo cual le legamos, a un gobierno futuro, las dificultades de volver a negociar reducciones presupuestales para con unas Fuerzas Armadas que, como dice la web, “tienen otras leyes, otros derechos y otras obligaciones”.
Mientras tanto quedan en el debe las promesas del pasaje a la órbita civil de Meteorología o de la Aviación Civil; y la reforma de la ley orgánica militar de 1974; y la reforma de la Caja Militar, o una discusión más profunda sobre nuestras “misiones de paz”, especialmente en Haití (donde nuestros militares acaban de ser procesados por la violencia contra un ciudadano de un país al que se suponía iban a defender). Ni qué hablar sobre la educación militar, ya que recibimos a diario denuncias sobre la contradicción entre las prácticas –algunas corrientes – de instrucción militar y los más elementales derechos humanos. Vale preguntarse entonces: ¿adónde vamos con las Fuerzas Armadas?, ¿estamos siendo coherentes con el programa que el Frente Amplio se comprometió a llevar a cabo? Y si no lo estamos, ¿cómo habremos de retomar la senda? ¿Seremos capaces de discutir abiertamente, y sin “secretos de Estado”, qué Fuerzas Armadas queremos y podemos tener? No lo estamos haciendo. Al menos hoy, no lo estamos haciendo.
(* ) Doctora en ciencia política y senadora por el Espacio 609 (FA)
– Publicado en Semanario BRECHA
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